Todas las comunidades están denunciadas por “usurpación” del espacio donde siempre vivieron.
sábado, 9 de agosto de 2008
AnA: Huellas de la Campaña del Desierto
AnA: Huellas de la Campaña del Desierto
La llamada “Campaña del Desierto” fue el mecanismo de apropiación militar de las tierras que poseían los indígenas. En la misma Constitución fundante de nuestra Nación se ordenaba al Congreso: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Recién un siglo después, en la vuelta a la democracia, la presión de organizaciones indígenas condujo que se apruebe la ley 23.302, de política y apoyo a las comunidades aborígenes. Aunque con importantes resabios asistencialistas, fue un avance importante. Un rebote de ello fueron nuevas y numerosas normas provinciales, en la década del ’80 y principios del ’90, incluidas reformas de constituciones que consagraron los derechos indígenas.
En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revisó el Convenio 107 y aprobó el 169. Introdujo el concepto de “Pueblos Indígenas” y se retractó del carácter asimilacionista del anterior. Fue ratificado en Argentina recién diez años después.
La reforma de la Constitución de 1994, mediante el artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, entrega de otras aptas y suficientes, asegura la participación en la gestión de los asuntos que los afecten, especialmente en materia de recursos naturales. Una legislación de avanzada, enorme paso para los Pueblos Indígenas, imposible de darse sin la constante movilización de las comunidades. En septiembre pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Indígenas, otro paso fundamental, ahora a nivel global.
Pero la realidad está alejada de toda la legislación. La depredación de los territorios indígenas a manos de las empresas mineras, petroleras, madereras, turísticas, inmobiliarias, Estado, Ejército y especialmente el avance de la frontera agrícola con la soja denuncia a diario el incumplimiento de los derechos indígenas.
A catorce años de la reforma constitucional, los Pueblos Indígenas continúan en lucha, preservando su cultura, movilizados, defendiendo y recuperando territorio. Quizá se pregunten quién es más atrasado: el que tiene una historia aún no escrita, o el que no cumple lo que escribe y viola a diario los derechos humanos.
* Abogado especializado en Derecho indígena.
Leyes que no se cumplenPor Eduardo Raúl Hualpa *
La llamada “Campaña del Desierto” fue el mecanismo de apropiación militar de las tierras que poseían los indígenas. En la misma Constitución fundante de nuestra Nación se ordenaba al Congreso: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Recién un siglo después, en la vuelta a la democracia, la presión de organizaciones indígenas condujo que se apruebe la ley 23.302, de política y apoyo a las comunidades aborígenes. Aunque con importantes resabios asistencialistas, fue un avance importante. Un rebote de ello fueron nuevas y numerosas normas provinciales, en la década del ’80 y principios del ’90, incluidas reformas de constituciones que consagraron los derechos indígenas.
En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revisó el Convenio 107 y aprobó el 169. Introdujo el concepto de “Pueblos Indígenas” y se retractó del carácter asimilacionista del anterior. Fue ratificado en Argentina recién diez años después.
La reforma de la Constitución de 1994, mediante el artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, entrega de otras aptas y suficientes, asegura la participación en la gestión de los asuntos que los afecten, especialmente en materia de recursos naturales. Una legislación de avanzada, enorme paso para los Pueblos Indígenas, imposible de darse sin la constante movilización de las comunidades. En septiembre pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Indígenas, otro paso fundamental, ahora a nivel global.
Pero la realidad está alejada de toda la legislación. La depredación de los territorios indígenas a manos de las empresas mineras, petroleras, madereras, turísticas, inmobiliarias, Estado, Ejército y especialmente el avance de la frontera agrícola con la soja denuncia a diario el incumplimiento de los derechos indígenas.
A catorce años de la reforma constitucional, los Pueblos Indígenas continúan en lucha, preservando su cultura, movilizados, defendiendo y recuperando territorio. Quizá se pregunten quién es más atrasado: el que tiene una historia aún no escrita, o el que no cumple lo que escribe y viola a diario los derechos humanos.
* Abogado especializado en Derecho indígena.
Huellas de la Campaña del Desierto
Los reclamos históricos
Por Alejandra Dandan
El derecho sobre las tierras que ocupan, los bienes naturales que poseen y la preservación del medio ambiente; autonomía y participación en los asuntos que les conciernen; derechos colectivos, cultura, identidad, educación, salud, empleo e idioma son reclamos históricos de los pueblos indígenas del mundo, unas 370 millones de personas que hoy conmemoran su Día Mundial, en referencia al 9 de agosto de 1982, cuando se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas de la ONU. Según datos de la misma organización, los cinco mil pueblos indígenas que existen en 70 países son los más afectados por la pobreza: son el cinco por ciento de la población mundial y, al mismo tiempo, representan el 30 por ciento de los 900 millones de personas que subsisten en la extrema pobreza.
También sufren el etnocidio, la posibilidad de desaparición como pueblos y culturas. De las 6700 lenguas que se hablan en el mundo, 4000 son indígenas y están en peligro de extinción y de ser sustituidas por lenguas dominantes. Y debido a violaciones a los derechos humanos y al deterioro del medio ambiente, el 50 por ciento de los indígenas fueron desplazados de sus territorios ancestrales y viven en las ciudades.
Entre los reclamos históricos de los pueblos indígenas de América sobresalen las matanzas que sufrieron para ser despojados de territorio. Que el Ejército hoy permanezca en territorio ancestral es considerado por las comunidades como la permanencia de un crimen aún impune.
Por Alejandra Dandan
El derecho sobre las tierras que ocupan, los bienes naturales que poseen y la preservación del medio ambiente; autonomía y participación en los asuntos que les conciernen; derechos colectivos, cultura, identidad, educación, salud, empleo e idioma son reclamos históricos de los pueblos indígenas del mundo, unas 370 millones de personas que hoy conmemoran su Día Mundial, en referencia al 9 de agosto de 1982, cuando se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas de la ONU. Según datos de la misma organización, los cinco mil pueblos indígenas que existen en 70 países son los más afectados por la pobreza: son el cinco por ciento de la población mundial y, al mismo tiempo, representan el 30 por ciento de los 900 millones de personas que subsisten en la extrema pobreza.
También sufren el etnocidio, la posibilidad de desaparición como pueblos y culturas. De las 6700 lenguas que se hablan en el mundo, 4000 son indígenas y están en peligro de extinción y de ser sustituidas por lenguas dominantes. Y debido a violaciones a los derechos humanos y al deterioro del medio ambiente, el 50 por ciento de los indígenas fueron desplazados de sus territorios ancestrales y viven en las ciudades.
Entre los reclamos históricos de los pueblos indígenas de América sobresalen las matanzas que sufrieron para ser despojados de territorio. Que el Ejército hoy permanezca en territorio ancestral es considerado por las comunidades como la permanencia de un crimen aún impune.
lunes, 4 de agosto de 2008
Juicio en Tucumán a Antonio Bussi y Luciano Menéndez
Desde mañana, Tucumán vivirá un hecho histórico como consecuencia de la celebración del primer juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, en el que los imputados son los ex represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, quien hace unos días fuera condenado a cadena perpetua por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba durante la dictadura militar.
En las audiencias de debate, a los militares retirados les imputarán los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido en 1976.
Cuando el 27 de diciembre de 2007 dispuso la elevación a juicio de la causa, el juez federal Daniel Bejas concluyó que todos los hechos ilícitos debían ser imputados en concurso real con el delito de lesa humanidad y dentro del marco del delito de genocidio previsto por el Derecho Penal Internacional.
El diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse, hijo de la víctima, aseveró que "esta causa es emblemática, porque pulveriza de manera contundente la infame teoría de los dos demonios, habida cuenta de que era un senador provincial, sin antecedentes penales, profesor universitario, sin participación en ninguna facción beligerante y que sólo se opuso al golpe".
En las audiencias de debate, a los militares retirados les imputarán los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido en 1976.
Cuando el 27 de diciembre de 2007 dispuso la elevación a juicio de la causa, el juez federal Daniel Bejas concluyó que todos los hechos ilícitos debían ser imputados en concurso real con el delito de lesa humanidad y dentro del marco del delito de genocidio previsto por el Derecho Penal Internacional.
El diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse, hijo de la víctima, aseveró que "esta causa es emblemática, porque pulveriza de manera contundente la infame teoría de los dos demonios, habida cuenta de que era un senador provincial, sin antecedentes penales, profesor universitario, sin participación en ninguna facción beligerante y que sólo se opuso al golpe".
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